Así es la trama legal del régimen de Maduro para controlar la criptoindustria venezolana

En otro esfuerzo por limitar las libertades individuales de los venezolanos, el régimen de Nicolás Maduro ha tomado una serie de medidas que regulan el sistema criptográfico local, hasta un punto que incluso desnaturaliza la propia industria. La última de ellas, por ejemplo, crea una plataforma estatal para controlar los envíos de remesas en criptomonedas.

A través de varias providencias oficiales, el régimen estableció un marco regulatorio para controlar la industria criptográfica venezolana. Para comprender todas las normativas, es necesario enumerar y explicar cada una de ellas.

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En primer lugar -y la detonante de las demás normativas-, fue el anuncio de la creación de la Ley de Criptoactivos. Allí, entre otras cosas, establecieron un máximo organismo que será el encargado de tomar las directrices del sector: la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).

Sunacrip, organización creada por el gobierno venezolano que se encargaría ” de regular las actividades de personas naturales y jurídicas inherentes y derivadas del desarrollo del Sistema Integral de Criptoactivos”

La Sunacrip, según el artículo 11 de dicha ley, podrá imponer sanciones ante delitos de empresas o particulares, fiscalizar las casas de intercambio y mineros digitales, emitir permisos y licencias a inversores nacionales o internacionales, así como promover las actividades criptográficas en el sector público, comunal y privado del país.

Si bien esta ley puede ser vista en primera instancia como un avance, porque además define por primera vez la criptografía y puede sanciona hasta con penas de cárcel a quienes cometan delitos como lavado de dinero, los inconvenientes surgen en su punto de origen, y de la cantidad de atribuciones del ente.

De origen, porque fue sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un ente creado por Maduro para suplir a la Cámara de Diputados, de mayoría opositora, y el cual es el único poder capaz de legislar.

Y posteriormente la Sunacrip, ejerciendo las funciones que le otorgan, ya ha tomado algunas decisiones que incluso podrían limitar el acceso a los criptoactivos.

Regular lo irregulable

Una de las principales críticas de la comunidad criptográfica venezolana es que las normativas regulan la libertad propia de las criptomonedas. Y es que ningún habitante local podrá participar comerciar en criptoactivos sin antes no estar inscritos en un registro estatal.

A principios del mismo mes de febrero, la Sunacrip estableció, entre otras cosas, que para que cada usuario que quiera realizar transacciones en criptomonedas deberá registrarse en el Registro Integral de Servicios en Criptoactivos (Risec).

Días después, el ente creado por la ANC de Maduro, anunció la regulación de las remesas en criptomonedas a través de una plataforma web. Además de imponer comisiones mucho mayores que casas de intercambio privadas, limita el monto mensual a recibir y determina con qué criptomonedas se puede operar.

Según la providencia, las comisiones a los emisores de dichas remesas van desde 0,25 euros hasta 15% del monto enviado, aunque el promedio de comisión ha bajado los últimos días, y ahora es poco más de 6%. La comisión en LocalBitcoin es de 1%.

El tope mensual es de 10 petros (la criptomoneda lanzada por el régimen de Maduro). Sin embargo, “excepcionalmente” podrá autorizar hasta 50 petros. Esto equivale a 597 y 2988 dólares, respectivamente.

 

Petro, la criptomoneda lanzada por el gobierno venezolano y que solo entiende Maduro

Sobre las criptomonedas que aceptan, solo está Bitcoin y Litecoin, a una tasa que indique la plataforma.

El gran problema surge sobre el monopolio que puede generar la plataforma creada por el régimen. Para que las casas de cambio gigantes multinacionales puedan ser una opción de envío de remesas deben inscribirse en la Risec, algo que parece poco probable. Por lo que al no utilizar plataformas conocidas y con comisiones bajas, los usuarios tendrán que recurrir a la creada por la Sunacrip.

Algunos usuarios manifestaron su descontento por la red social Twitter.

Causa y efecto

Entre los motivos detrás de estas decisiones de Maduro podrían estar una forma de recaudar fondos económicos, más que promover el uso de las criptomonedas. Tras la congelación de activos de Pdvsa, la estatal petrolera de Venezuela, por parte de Estados Unidos y otros países, el régimen busca la forma de obtener dinero.

Hasta comienzos de 2019, la mayor parte de los dólares con los que se financiaba el tesoro provenían de Estados Unidos, principal comprador del petróleo venezolano. Citgo, la filial de Pdvsa en la potencia del norte, sigue operando, pero el Estado venezolano no puede acceder a sus dividendos. La idea del gobierno de Donald Trump es que las cuentas pasen a manos del presidente encargado, Juan Guaidó.

Sin embargo, esta estrategia puede disminuir considerablemente el uso de los criptoactivos en Venezuela, considerando que gran parte de su utilidad se debe a la recepción de remesas.

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Las monedas digitales son una manera que tienen los venezolanos para hacer frente a la hiperinflación -la cual supera el millón por ciento- y a las constantes devaluaciones del bolívar. Además, su popularidad también obedece a las pocas regulaciones que tenía la criptoindustria frente a las férreas políticas cambiarias en Venezuela.

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